Newsletter Nº 171, Viernes 18 de Noviembre de 2011 - Año 6

SANTA FE, ARGENTINA, TIENE LA POLÍTICA DE TRABAJO DECENTE MÁS AVANZADA DE AMÉRICA LATINA


La provincia de Santa Fe, Argentina, tiene el que es, sin duda, el modelo de política pública de Trabajo Decente más avanzado de América Latina.

Un ejemplo digno de copiar, o por lo menos de tener como referencia cuando se quieran implementar procesos locales de Trabajo Decente, entendido éste como aquel que se realiza en condiciones de libertad sindical, equidad, dignidad, diálogo tripartito, seguridad social y justa remuneración, tal como desde 1999 lo viene pregonando la OIT como estrategia de disminución de la pobreza y la desigualad social.

Pese a que la noción de política pública de trabajo decente a nivel nacional y local está prevista en la Ley 25.877, sólo la provincia de Santa Fe la ha adoptado. Y en América Latina sólo el Estado de Bahía, en Brasil, ha implementado una agenda de Trabajo Decente similar.

La Provincia de Santa Fe tiene 3´250.000 habitantes (la misma población del Área Metropolitana de Medellín) y abarca 19 departamentos. Dos de ellos concentran la mayor población: Santa Fe, la capital, y Rosario. Es la cuarta economía del país, concentrada en áreas industriales, comerciales y de servicios. Genera el 21% del valor total de los productos nacionales exportados, y brinda empleo directo al 12% de los argentinos. Su tasa de desocupación en 2008 fue de 7.8%.

Amparado en el lema: “Trabajo decente para una sociedad más justa”, el gobierno provincial de Santa Fe ha venido desde entonces fomentando el diálogo social entre los distintos actores del mercado del trabajo, y a impulsado medidas de formalización laboral, el respeto a los derechos sindicales, la inclusión laboral de los jóvenes, la eliminación del trabajo infantil, la equidad de género, protección laboral de los grupos vulnerables, y los demás aspectos que comprende el trabajo decente.

Los espacios de concertación
Tres son los espacios de participación en los que se desarrolla la política de trabajo decente en la provincia de Santa Fe, y en todos intervienen representantes del gobierno, de los empleadores, sindicatos y ONG.

Un espacio es la Comisión Tripartita para el Trabajo Decente, que se ocupa de la calidad del trabajo en cuanto a seguridad social y salud ocupacional; otra es la Comisión Cuatripartita e Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil; y la Comisión para la Igualdad de Trato y Oportunidades en el Mundo Laboral, que se ocupa de los aspectos de género, edad, discapacidad y minorías étnicas.
Estos espacios institucionales de concertación han posibilitado la elaboración de una Agenda Provincial que establece objetivos prioritarios, resultados a alcanzar; productos, líneas de acción e indicadores de evaluación, tanto a corto como a largo plazo. En la construcción de esta agenda participan todos los ministerios provinciales: salud, desarrollo social, educación, justicia y derechos humanos, producción. Por el sindicalismo no sólo participa la CGT, que es la única central sindical con reconocimiento oficial en Argentina, sino también otros sindicatos por fuera de esta central. Igualmente la ciudadanía puede participar a través de asambleas que se realizan en todos los departamentos de la Provincia.

Algunos logros de la política de Trabajo Decente
Un logro a destacar es la conformación de la Comisión multisectorial para la defensa del empleo, que nació de un compromiso de las cámaras empresariales y los sindicatos durante el período más agudo de la crisis de 2008. Evitó el despido del 80% de los trabajadores, y los 25 mil puestos de trabajo que se perdieron fueron en su mayoría concertados, y muchos trabajadores pasaron a la jubilación. Lo que si disminuyó al mínimo, son las denuncias por violaciones a la libertad sindical.

Y como el ejemplo debe arrancar por casa, el Gobierno de Santa Fe elaboró un régimen de carrera administrativa y estableció un concurso de méritos para el enganche de nuevos empleados, con lo que se eliminó la contratación a dedo por recomendación de los políticos. También se hizo un esfuerzo de formalización de los funcionarios vinculados por planes de subvención, que se crearon durante la gran crisis del 2001 en condiciones laborales muy precarias y bajos salarios. Y se acabaron las llamadas pasantías universitarias, por las cuales las universidades suministraban mano de obra barata, sin derecho a seguridad social y con pago de bonificaciones que no constituían salario, y por lo mismo no contaban para pensión.

En Argentina el trabajo doméstico no está incluido en la Ley General de Contrato de Trabajo. Por lo regular los y las domésticas ganan menos del salario mínimo, y al no estar registrada no tienen derecho a la seguridad social, que como algo sui generis en Argentina es manejada por los sindicatos. Al respecto Rodríguez anotó: “Estamos tratando de mejorar. Ahora hay un proyecto de ley que busca que el trabajo doméstico tenga los mismos derechos que otros oficios, el cual la Provincia de Santa Fe apoya. Lo otro es que no hay, ni puede haber, inspección del trabajo doméstico, porque éste se hace puertas adentro, y uno no puede llegar con orden de allanamiento a cada casa. Hay que acudir a otro tipo de estrategias, como campañas en medios de comunicación, centros comerciales, la vía pública”.

Otro frente fue el fortalecimiento de la inspección del trabajo. Antes de que termine este año se habrá cuadruplicado la planta de inspectores, con un aumento importante de su salario. Además se modernizaron los procesos y procedimientos, y se instrumentaron medidas para evitar la corrupción. Se establecieron e-mail y teléfonos donde la ciudadanía puede denunciar los inspectores que no hacen bien su trabajo o caen en corrupción.

Para la erradicación trabajo infantil hicieron, en primera instancia, un diagnóstico del problema.

Se conformó una comisión para el tema de la inclusión laboral de personas en discapacidad. Al respecto el Ministro acota: “En Argentina tenemos una ley que obliga a las entidades estatales a tener 4 discapacitados por cada mil funcionarios, que nadie cumplía. Lo que hicimos fue hacer cumplir la ley. Y con el sector privado hicimos un esfuerzo para identificar sectores y empresas que podían absorber mano de obra de discapacitados; y elaboramos unas bases de datos de discapacitados con sus respectivas destrezas, para que la oficina de empleo público y empresas de selección de personal las utilicen”.

Otro resultado digno de mostrar es el que consiguieron con las minorías indígenas, que tenían en la fabricación de ladrillos su actividad principal. El problema era que todos se dedicaban a eso, como si ésa fuera su única capacidad, y tenían problema de mercadeo. Mediante programas de capacitación lograron generarles otras alternativas laborales a los indígenas: elaboración de sandalias, cinturones, productos reciclados, repostería, tapicería.

Lo que puede hacer el alcalde de Medellín
Ante la pregunta sobre qué puede hacer el próximo alcalde de Medellín para impulsar una política de trabajo decente en esta ciudad, que es el propósito de la propuesta que está en construcción, se señaló:
“Si el alcalde de Medellín, o de cualquier ciudad, tiene buena convocatoria; si hay voluntad por parte de las organizaciones sindicales y empresariales; y son representativas las personas que asisten a las comisiones tripartitas, se pueden hacer muchas cosas, empezando por casa, con los trabajadores municipales, y después hacia fuera. Puede, por ejemplo, pedirle a los contratistas del Municipio que contraten bajo las pautas de trabajo decente; puede influir en el gobierno nacional para mejorar la inspección del trabajo, hacer compromisos y sacar recomendaciones conjuntas. El límite es la imaginación, hay que intentarlo”.