SINDICALISTAS DE 13 PAÍSES ADOPTAN ACUERDOS EN CONFERENCIA SINDICAL SOBRE TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN A. LATINA Y EL CARIBE
Declaración de São Paulo
São Paulo, Brasil, 17-19 abril 2006
 Preámbulo
América Latina y el Caribe viven una situación paradójica: con vastos recursos naturales y primeras materias, dotados de ecosistemas variados y de conocimientos tradicionales riquísimos, que conviven con graves problemas ambientales y sociales, entre los que destaca la deforestación, el uso insostenible de los recursos naturales y la polución, una gran parte de la población viviendo en situación de pobreza y creciente injusticia y desigualdad social, que afecta especialmente a las mujeres y a las comunidades indígenas, resultado de un modelo de desarrollo perverso, excluyente e insostenible.
Desde los años 80 y 90 la región fue un campo de pruebas privilegiado de las políticas neoliberales, que promovieron la privatización y la desnacionalización de empresas, la reestructuración productiva neoliberal, el desempleo en masa y el trabajo precario. Estas políticas, moldeadas a partir del paradigma de los ajustes estructurales de las instituciones financieras internacionales (IFI), favorecieron la acción de las grandes corporaciones transnacionales.
América Latina y el Caribe es una de las regiones que más expuesta está a los impactos de la liberalización del sectores servicios y NAMA (Acceso a los Mercados No Agrícolas) actualmente en negociación en los marcos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Acuerdo General de Comercialización de Servicios (AGCS), y que tiene consecuencias directas en los sectores del agua, servicios públicos, educación, salud, comunicación y otros. El proyecto para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es otra gran amenaza para la región, junto con existentes y en proyecto Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos y otros países, vinculado a cláusulas de estímulo a la inversión extranjera.
A pesar de todo, en los últimos años, grandes luchas y movimientos sociales han pasado a desafiar las políticas neoliberales, transformando América Latina y Caribe en un centro de referencia de resistencia al neoliberalismo, con la participación de sindicatos, movimientos campesinos e indígenas. No por casualidad, algunas de estas grandes luchas se han desarrollado en torno a la defensa de los recursos naturales, contra la privatización del agua, y la defensa de los hidrocarburos u otros bienes públicos en distintos países de la región. En este contexto, fueron electos varios gobiernos comprometidos con las luchas populares y movimientos sociales, que configuran un nuevo escenario socio-político regional, con la aparición de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), y los Tratados de Comercio con los Pueblos (TCP).
En esta nueva realidad de avance de las luchas sociales y ambientales, más de 60 sindicalistas representantes de organizaciones de 13 países, realizamos durante los días 17, 18 e 19 de abril de 2006 en São Paulo, la Conferencia Sindical sobre Trabajo y Medio Ambiente en América Latina y Caribe, organizada por la Fundación Sustainlabour y CIOSL-ORIT, con la participación de delegados de la CLAT y representantes de las coordinadoras sindicales subregionales y de las Federaciones Sindicales Internacionales.
Considerando:
Ø Los resultados de la Primera Asamblea Sindical sobre Trabajo y Medio Ambiente (Nairobi, 15-17 enero 2006), organizada por el PNUMA, por la Fundación Sustainlabour, la CIOSL y la CMT, que representan un marco para la relación entre trabajo y medio ambiente, y que discutieron directrices de políticas energéticas y cambio climático, acceso público a los recursos y servicios, en especial el agua, riesgo químico y substancias peligrosas, salud laboral y ambiental, particularmente con respecto al amianto y el VIH/SIDA, y la responsabilidad ambiental de las empresas;
Ø La Plataforma Laboral de las Americas, presentada en la IV Cumbre de las Americas en Mar del Plata en 2005, en especial las políticas públicas reguladoras y proveedoras de bienes sociales, y en la definición de “Trabajo Digno para el Desarrollo Sostenible en las Americas”, así como la visión consolidada en congresos sindicales anteriores que las medidas de protección ambiental deben estar vinculadas a la reducción de la pobreza y la creación de empleos;
Ø El acuerdo y la ratificación por gran mayoría de países de innumerosos protocolos y convenciones internacionales referidos o vinculados con el medio ambiente: Río 92, el Protocolo de Kyoto, las Convenciones sobre Biodiversidad, la Convención Marco sobre Cambio Climático, la Convención de Lucha contra la Desertificación, el Convenio sobre residuos peligrosos, el Convenio sobre Consentimiento Fundamentado Previo, el Convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los capítulos medioambientales de las Directrices da OCDE para las empresas multinacionales y del Pacto Global de Naciones Unidas.
Ø El principio de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, especialmente en el establecimiento de compromisos para la reducción de emisiones de gases contaminantes y la mitigación del cambio climático.
Ø Los aportes y propuestas surgidas del debate realizado en los Grupos Temáticos y Subregionales de esta Conferencia, destinados a definir estrategias y prioridades de acciones comunes.
Decidimos:
1. Estrechar los vínculos entre el medio ambiente, el trabajo y la pobreza: el trabajo digno es esencial para que las personas puedan disfrutar de medios de vida sustentables. Al mismo tiempo, solamente es posible crear trabajos decentes y estables si se alcanza la sustentabilidad. Resaltamos la importancia de la transversalidad y del abordaje sistémico de políticas públicas, que garanticen el acceso a los bienes y servicios: saneamiento, salud, energía, vivienda, educación, transporte público colectivo, seguridad social como elemento indispensable para la superación de la pobreza, y defender el acceso al agua como derecho humano.
2. Defender los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y de sus sindicatos, tales como el derecho de libre asociación y de negociación colectiva para que puedan participar de las estrategias en favor del desarrollo sostenible entendido como un desarrollo que asegure el trabajo digno con tecnología limpia y procesos productivos que no perjudican el medio ambiente, ni a los trabajadores, ni a sus familias, ni a la sociedad en general. Defender la equidad de género y la inclusión de las mujeres trabajadoras como una condición fundamental en el avance hacia la concreción de una región ambiental y socialmente sustentable. Defendemos las “transiciones justas” hacia una producción y consumo sostenibles, para definir políticas que aseguren que los trabajadores afectados negativamente durante el proceso de reestructuración cuenten con alternativas de trabajo digno.
3. Rechazar la política del ”doble patrón” aplicada por algunas empresas multinacionales, por medio de la “exportación” a América Latina y Caribe de modalidades productivas, que repercuten negativamente sobre el medio ambiente, que no son aceptadas legal o socialmente en sus países de origen. Incorporamos el nuevo concepto de Responsabilidad Medio Ambiental y Social Empresarial (RMASE) y afirmamos la necesidad de colaborar con la CIOSL en la construcción y operacionalización del concepto.
4. Fortalecer relaciones estratégicas con otros movimientos sociales, entidades y redes socio ambientales, y especialmente con la Alianza Social Continental (ASC) en el desarrollo de su “Alternativas para las Americas”, que incluye un importante capítulo sobre medio ambiente.
5. Fortalecer el enfoque de desarrollo sostenible y la dimensión ambiental, propiamente, en la profundización de la Plataforma Laboral de las Americas e incorporar la estructura de indicadores de seguimiento de los que se refieren a la dimensión ambiental. También debemos fortalecer estructuras específicas en las centrales y confederaciones nacionales que se dedican a cuestión ambiental.
6. Contribuir al fortalecimiento del papel de los Estados nacionales, para el establecimiento y la aplicación de las reglamentaciones indispensables para el control de las empresas y de los mercados mundiales, y profundizar el papel del Estado como proveedor y regulador del sector privado en la provisión de bienes públicos. Demandar a los Estados una mayor inversión de recursos destinados a políticas de medio ambiente. Instar a los gobiernos que inviertan en investigación y desarrollo, dirigido a apoyar estrategias que eliminen los riesgos de contaminación ambiental de los sectores ya instalados y que contribuyan en la generación de estrategias de desarrollo sostenible.
7. Exigir a los gobiernos regionales la construcción de un eje político educacional que incorpore en los programas de estudio (en todos los niveles: primario, secundario, y universitario) el tema del medio ambiente, la salud y el desarrollo sostenible, con el objetivo social de sensibilizar y educar para la defensa de la calidad de vida y de supervivencia.
8. Fortalecer el tema de la capacitación sindical para trabajadores y trabajadoras como estrategia política en la apropiación del conocimiento sobre trabajo y desarrollo sostenible.
9. Fortalecer la gobernanza ambiental multilateral, y la participación sindical en los instrumentos intergubernamentales de la OIT, la OCDE y el Sistema de Naciones Unidas, y colaborar con el PNUMA-OIT en la realización de estudios sobre la incorporación del trabajo justo en el diseño de las políticas ambientales.
10. Realizar campañas en el plan nacional para la ratificación y reglamentación de los convenios de la OIT (121, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 184), bien como los más relevantes para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y así como la Convención 122 sobre política de empleo, y apoyar el Programa Global de Empleo (PGE). Precisamos crear un banco de informaciones dinámico sobre casos concretos de problemas ambientales de la región, destacando las intervenciones sindicales y las acciones estatales.
11. Establecer el agua como un tema clave del trabajo sindical en la región, apoyado en las posiciones da ISP y de otras organizaciones sociales en las Declaraciones Conjuntas de los Movimientos y Organizaciones Sociales sobre el Agua en el Foro Social de las Américas (Caracas, enero 2006) y durante las Jornadas Ciudades en el IV Forum Mundial del Agua (México, marzo 2006)
12. Desarrollar una política sindical ambiental para los trabajadores ambulantes en plazas y mercados, por su fuerte presencia en el conjunto de la informalidad del trabajo en la región, los cuales tienen una menor esperanza de vida por la suma de problemas que se derivan por ser su local de trabajo la vía pública.
13. Atender a los problemas medioambientales que se generan con el fenómeno de las migraciones internas rurales/urbanas y externas.
14. Acompañar las acciones emprendidas por la REL-UITA, COPROFAM y otras organizaciones vinculadas al campo, para combatir la expansión de los agrotóxicos, transgénicos y el modelo de producción agrario intensivo, que se basa en técnicas de producción insostenibles. Promover un modelo de producción agrícola basado en principios de agroecologia y agricultura familiar. Esta lucha está directamente vinculada al movimiento por la reforma agraria, y a las reivindicaciones por seguridad y soberanía alimentaria y justicia en el campo.
15. Apoyar a Global Unions en su trabajo por la incorporación y aplicación rígida de salvaguardas ambientales y sociolaborales en las operaciones de las IFI que otorgan créditos a proyectos económicos en la región.
16. Apoyar a las centrales y confederaciones miembros de la CCSCS en su Declaración de marzo pasado sobre el conflicto de las celulosas entre Uruguay y Argentina, por considerarse que es el camino que debe seguirse en la resolución de este problema.
São Paulo, 19 de abril de 2006.
· Argentina: CGT-RA y CTA
· Brasil: CUT, CGT y Força Sindical
· Colombia: CTC, CGT
· Costa Rica: CTRN
· Ecuador: CEOSL
· El Salvador: CSTS
· Honduras: CUTH
· México: UNT, CROC
· Nicaragua: CST
· Paraguay: CUT-A, CNT
· Perú: CUT
· República Dominicana: CNUS
· Uruguay: PIT-CNT
· ORIT
· CCSCS
· CCLA
· CSACC
· CTCS
· REL-UITA
· ISP
· COPROFAM
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